FAMILIAS DESGARRADAS
"Firma invitada" Carlos Sancho. Diario de Burgos, 8 de Noviembre de 2004
Desde julio de 2003 hay una ley en Israel que, violando los tratados internacionales en materia de derechos humanos, niega a los ciudadanos israelíes casados con palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza el derecho a vivir con sus cónyuges en su propio país. Una ley que está dirigida contra el 20 por ciento de ciudadanos israelíes de origen palestino y que obliga a las familias a vivir separadas o a que el cónyuge palestino viva en Israel sin permiso, con el peligro de ser detenido y expulsado en cualquier momento.
Amnistía Internacional (AI) se ha movilizado contra la ley, al entender que se trata de una forma de discriminación racial basada en la etnia o la nacionalidad. Esta ley no es sino un paso más en la política seguida desde hace años con el objetivo de restringir el número de palestinos que viven en Israel. El Gobierno israelí argumenta motivos de seguridad para justificar la ley, pero a nadie se le escapa que la razón de fondo no es otra que considerar el crecimiento del número de ciudadanos palestinos como una amenaza demográfica al carácter judío del Estado de Israel. La ley debe, pues, verse en el contexto de otras leyes y prácticas ya existentes que discriminan a los ciudadanos palestinos de Israel y a los palestinos de los Territorios Ocupados.
Estas medidas suponen una grave vulneración de los derechos humanos y de los tratados internacionales firmados por Israel. Por ello, Amnistía Internacional ha movilizado a sus voluntarios y simpatizantes. Miles de cartas, faxes y correos electrónicos están siendo remitidos al gobierno y a los medios de comunicación israelíes. También los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han reaccionado instando al Gobierno israelí a revocar la ley. Por su parte, el Partido Laborista, en la oposición, votó en contra de la ley, aunque había apoyado este tipo de medidas cuando formó parte de la coalición de gobierno.
La presión internacional que ejercen organizaciones como Amnistía Internacional, parece estar dando sus frutos. Una muestra de ello son las declaraciones del presidente de la Comisión Ministerial que va a revisar la ley, en el sentido de que ésta va a ser modificada para permitir las reunificaciones. Mientras tanto, muchos hombres y mujeres viven en situación de ilegalidad, atemorizados, sin atreverse apenas a salir de sus casas por el temor a ser detenidos y expulsados, y a que se les obligue a abandonar a sus seres queridos.
En la página web de Amnistía Internacional, puede firmarse un manifiesto de apoyo a esta y otras campañas, en www.es.amnesty.org. Teléfono 902 119 133.
Desde julio de 2003 hay una ley en Israel que, violando los tratados internacionales en materia de derechos humanos, niega a los ciudadanos israelíes casados con palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza el derecho a vivir con sus cónyuges en su propio país. Una ley que está dirigida contra el 20 por ciento de ciudadanos israelíes de origen palestino y que obliga a las familias a vivir separadas o a que el cónyuge palestino viva en Israel sin permiso, con el peligro de ser detenido y expulsado en cualquier momento.
Amnistía Internacional (AI) se ha movilizado contra la ley, al entender que se trata de una forma de discriminación racial basada en la etnia o la nacionalidad. Esta ley no es sino un paso más en la política seguida desde hace años con el objetivo de restringir el número de palestinos que viven en Israel. El Gobierno israelí argumenta motivos de seguridad para justificar la ley, pero a nadie se le escapa que la razón de fondo no es otra que considerar el crecimiento del número de ciudadanos palestinos como una amenaza demográfica al carácter judío del Estado de Israel. La ley debe, pues, verse en el contexto de otras leyes y prácticas ya existentes que discriminan a los ciudadanos palestinos de Israel y a los palestinos de los Territorios Ocupados.
Estas medidas suponen una grave vulneración de los derechos humanos y de los tratados internacionales firmados por Israel. Por ello, Amnistía Internacional ha movilizado a sus voluntarios y simpatizantes. Miles de cartas, faxes y correos electrónicos están siendo remitidos al gobierno y a los medios de comunicación israelíes. También los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han reaccionado instando al Gobierno israelí a revocar la ley. Por su parte, el Partido Laborista, en la oposición, votó en contra de la ley, aunque había apoyado este tipo de medidas cuando formó parte de la coalición de gobierno.
La presión internacional que ejercen organizaciones como Amnistía Internacional, parece estar dando sus frutos. Una muestra de ello son las declaraciones del presidente de la Comisión Ministerial que va a revisar la ley, en el sentido de que ésta va a ser modificada para permitir las reunificaciones. Mientras tanto, muchos hombres y mujeres viven en situación de ilegalidad, atemorizados, sin atreverse apenas a salir de sus casas por el temor a ser detenidos y expulsados, y a que se les obligue a abandonar a sus seres queridos.
En la página web de Amnistía Internacional, puede firmarse un manifiesto de apoyo a esta y otras campañas, en www.es.amnesty.org. Teléfono 902 119 133.
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